La propuesta de sanción concluye que colgó en Internet información personal sobre ayudas por discapacidad.
A mediados del 2006, un funcionario de la Xunta de Galicia en Lugo tecleó su nombre y sus apellidos en un conocido buscador de Internet. Para su sorpresa, los datos de la prestación por una discapacidad que recibía su mujer a través del Fondo de Acción Social autonómico, y que deberían ser confidenciales, estaban al alcance de cualquiera con un clic.
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