La Agencia Española de Protección de Datos estima que, «en ocasiones», hay que colocar los dispositivos en el exterior para garantizar la seguridad
La Agencia Española de Protección de Datos ha decidido archivar una denuncia presentada por la Dirección General de la Guardia Civil contra un vecino, motivada en la existencia de cámaras de videovigilancia instaladas en una vivienda particular y la grabación de imágenes de la vía pública. Según la resolución, el 16 de mayo del pasado año el Puesto de la Guardia Civil de Toro comunicó a la Agencia una posible infracción de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. De acuerdo con la denuncia, se pudo observar la instalación de una cámara IP motorizada, que grababa parcialmente la vía pública y, la existencia de otra de similares características en la parte posterior de la vivienda, empotrada en una ventana metálica y enfocada totalmente a la vía pública.
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