Un médico penado por espiar un historial clínico y vídeos de ‘YouTube’ retirados crean jurisprudencia balear
De 600 a 600.000 euros son las sanciones a las que se exponen en España los piratas informáticos y sobre todo aquellas personas que contravengan la normativa de la Agencia Española de Protección de Datos. Aunque a menudo parece que los excesos de la Red escapan a las redes judiciales, los datos empiezan a contradecir esa aparente inmunidad del delito virtual.
Desde 2007 se han incrementado las demandas por divulgación o intromisión de datos privados sin consentimiento del demandante. Si no que se lo digan al médico al que la Audiencia Provincial de Palma condenó inicialmente a tres años de cárcel más indemnización económica por espiar en el historial clínico de otro colega. En ese capítulo figuran también vídeos clausurados del portal YouTube por contenidos vejatorios a un discapacitado.
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