Instalación de cámaras para grabar exámenes – La consulta plantea la adecuación a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, de la grabación de las imágenes de los alumnos durante la realización de los exámenes en el entorno de una Universidad.

La consulta señala que la finalidad de la instalación de las cámaras sería la de disuadir a los estudiantes de determinadas actuaciones fraudulentas durante los exámenes y en caso de que estas se produjeran, servirían como prueba para acreditarlas entendiendo legitimada la medida en al apartado 3 de la Disposición adicional vigésima primera de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, entendiendo la grabación como un acto que resulta necesario para la adecuada realización y seguimiento de la evaluación de los estudiantes.

Al objeto de afrontar la consulta, debemos partir de la consideración de que la imagen de la persona es un dato personal, y su tratamiento derivado de la captación y, en su caso, grabación, ha de ajustarse a la normativa sobre protección de datos de carácter personal.

De conformidad con los artículos 1 y 2.1 de la Ley 15/1999, la normativa que nos ocupa tiene por objeto la protección de los datos de carácter personal como derecho fundamental, definiéndose el concepto de dato de carácter personal en el apartado a) del artículo 3 de la Ley, como “Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. La imagen de una persona es un dato personal, considerando también el artículo 5.1. f) Reglamento de desarrollo de la Ley, que como tales “Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a personas físicas identificadas o identificables”.

Por su parte, el artículo 3 de la Ley 15/1999 define en su letra c) el tratamiento de datos como aquellas “operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”. De acuerdo con esta definición de tratamiento de datos personales, la captación y en su caso grabación de imágenes o voz de las personas constituye un tratamiento de datos personales incluido en el ámbito de aplicación de la normativa citada.

Además este es el criterio que se hace constar en la Instrucción 1/2006 de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras, pues así lo dispone su artículo uno en el que se señala que “La presente Instrucción se aplica al tratamiento de datos personales de imágenes de personas físicas identificadas o identificables, con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras y videocámaras. El tratamiento objeto de esta Instrucción comprende la grabación, captación, transmisión, conservación, y almacenamiento de imágenes, incluida su reproducción o emisión en tiempo real, así como el tratamiento que resulte de los datos personales relacionados con aquéllas. Se considerará identificable una persona cuando su identidad pueda determinarse mediante los tratamientos a los que se refiere la presente instrucción, sin que ello requiera plazos o actividades desproporcionados.”

En relación con la instalación de sistemas de videocámaras, la Instrucción 1/2006 hace especial referencia a la necesidad de ponderar los bienes jurídicos protegidos. Así viene a señalar expresamente que, la instalación de este tipo de dispositivos se deberá respetar el principio de proporcionalidad, valorando así la posibilidad de adoptar otros medios menos intrusivos a la intimidad de las personas, con el fin de prevenir interferencias injustificadas en los derechos y libertades fundamentales. (…)

En cuanto a la proporcionalidad, tal y como señala la propia Instrucción, la Sentencia del Tribunal 207/1996 determina que se trata de “una exigencia común y constante para la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales, entre ellas las que supongan una injerencia en los derechos a la integridad física y a la intimidad, y más en derechos a la integridad física y a la intimidad, y más en particular de las medidas restrictivas de derechos fundamentales adoptadas en el curso de un proceso penal viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad.

En este sentido, hemos destacado que, para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres siguientes requisitos o condiciones: «si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)”.

Por consiguiente, cualquier medida de control que se adopte debe superar este juicio de proporcionalidad, determinando si la medida es adecuada, necesaria y equilibrada, ya que en otro caso resulta desproporcionada y por ello contraria a la normativa de protección de datos.

Esta Agencia ha venido señalando que cuando se pretendan instalar sistemas de videovigilancia, deberán ponderarse los derechos y garantizarse el cumplimiento estricto del principio de proporcionalidad, debiendo en todo caso respetarse el derecho a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de datos.

Así, el artículo 4 de la Instrucción 1/2006 recoge los principios de calidad, proporcionalidad y finalidad del tratamiento estableciendo lo siguiente:

“1.- De conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, las imágenes sólo serán tratadas cuando sean adecuadas, pertinentes y no excesivas en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, legítimas y explícitas, que hayan justificado la instalación de las cámaras o videocámaras.

2.- Sólo se considerará admisible la instalación de cámaras o videocámaras cuando la finalidad de vigilancia no pueda obtenerse mediante otros medios que, sin exigir esfuerzos desproporcionados, resulten menos intrusivos para la intimidad de las personas y para su derecho a la protección de datos de carácter personal.

3.- Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener imágenes de espacios públicos salvo que resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquéllas. En todo caso deberá evitarse cualquier tratamiento de datos innecesario para la finalidad perseguida.” (…)

Atendiendo a lo que acabamos de indicar y en relación con la cuestión que se plantea en la consulta:

La instalación de cámaras de videovigilancia sería una medida proporcional y justificada si se cumplen los siguientes requisitos:

  1. Que se trate de una medida susceptible de conseguir el objetivo propuesto.
  2. Que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual
  3. Que la misma sea ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto”.

Considerando los criterios de ponderación antes citados, difícilmente puede entenderse que la medida propuesta de grabar a través de sistemas de videovigilancia el interior de las aulas cuando se celebren exámenes, e implementarla con carácter general en una Universidad, sea proporcionada y adecuada para la finalidad perseguida. Tampoco consideramos que la misma pueda constituya un acto necesario para realizar un adecuado seguimiento de la evaluación de los alumnos en los términos señalados por la consulta, pudiendo valorarse otros medios menos intrusivos para la intimidad de las personas, retomando las palabras del art. 4 de la Instrucción antes citado.

En este sentido, instalarlas en estos espacios, sin un bien jurídico superior que lo justifique o si se puede disponer de medios alternativos menos intrusivos para la privacidad de los alumnos, puede resultar desproporcionada. La instalación de cámaras en las aulas con la finalidad de disuadir a los alumnos de cometer determinadas conductas inapropiadas durante la celebración de los exámenes, sólo podría considerarse bajo determinadas circunstancias y con especiales salvaguardas, pero no como una medida a implementar con carácter general en la Universidad. Recordemos que se está planteando la captación de imágenes en el interior de un espacio semi privado, en sentido técnico jurídico (entre otras muchas resoluciones, así lo indica el Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) de 14 abril 2009), y al menos en lo que a las aulas se refiere, la actuación pretendida pudiera constituir una intromisión ilegítima en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección civil, cuestión a valorar por los tribunales civiles y no directamente por esta Agencia.

Otra cosa sería que su necesidad se justificara por razones concretas.

Para justificar la instalación de una cámara es necesario un motivo objetivo.

Así, en relación con los derechos fundamentales, el art. 52.1 in fine de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, señala que” cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Dentro del respeto del principio de proporcionalidad, sólo podrán introducirse limitaciones cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás.”

En este sentido el Dictamen 4/2004 relativo al tratamiento de datos personales mediante vigilancia por videocámara, señalaba respecto a la proporcionalidad del recurso a la vigilancia por videocámara, “…que el circuito cerrado de televisión y otros sistemas similares de vigilancia por videocámara sólo podrán utilizarse con carácter subsidiario, es decir: con fines que realmente justifiquen el recurso a tales sistemas. (….).Deberá evitarse, por ejemplo, que un organismo administrativo pueda instalar equipos de vigilancia por videocámara en relación con infracciones de menor importancia (por ejemplo, para reforzar la prohibición de fumar en los colegios y otros lugares públicos o la prohibición de tirar colillas y papeles al suelo en los lugares públicos). Dicho de otro modo, es necesario aplicar, caso por caso, el principio de idoneidad con respecto a los fines perseguidos, lo que implica una especie de obligación de minimización de los datos por parte del responsable del tratamiento.”

Por tanto, con carácter general no se entiende por esta Agencia que sea proporcionada la utilización en las aulas en las que se celebre los exámenes Universidad, de un sistema de videovigilancia que permitiera su grabación como una forma de seguimiento de la evaluación de los alumnos y evitar así conductas inapropiadas.

De este modo, es posible concluir que la instalación de sistemas de grabación con la finalidad descrita resultaría desproporcionada a los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999.

No obstante lo anteriormente señalado debe tenerse en cuenta que a partir de 25 de mayo de 2018 resultarán de aplicación al caso las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos). Dicha norma, constituirá la normativa aplicable sustituyendo a la normativa nacional actualmente de aplicación.

En lo que al presente supuesto respecta, debe tenerse en cuenta que el artículo 9 de dicho Reglamento incluye entre las categorías especiales de datos personales los “datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física”, estableciendo los supuestos en que cabe su tratamiento. Dispone el aludido artículo 9 lo siguiente:

“1. Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientación sexuales de una persona física.

  1. El apartado 1 no será de aplicación cuando concurra una de las circunstancias siguientes: 
  1. el interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos personales con uno o más de los fines especificados, excepto cuando el Derecho de la Unión o de los Estados miembros establezca que la prohibición mencionada en el apartado 1 no puede ser levantada por el interesado; 
  1. el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social, en la medida en que así lo autorice el Derecho de la Unión de los Estados miembros o un convenio colectivo con arreglo al Derecho de los Estados miembros que establezca garantías adecuadas del respeto de los derechos fundamentales y de los intereses del interesado; 
  1. el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física, en el supuesto de que el interesado no esté capacitado, física o jurídicamente, para dar su consentimiento; 
  1. el tratamiento es efectuado, en el ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas garantías, por una fundación, una asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que el tratamiento se refiera exclusivamente a los miembros actuales o antiguos de tales organismos o a personas que mantengan contactos regulares con ellos en relación con sus fines y siempre que los datos personales no se comuniquen fuera de ellos sin el consentimiento de los interesados; 
  1. el tratamiento se refiere a datos personales que el interesado ha hecho manifiestamente públicos; 
  1. el tratamiento es necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones o cuando los tribunales actúen en ejercicio de su función judicial; 
  1. el tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado; 
  1. el tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros o en virtud de un contrato con un profesional sanitario y sin perjuicio de las condiciones y garantías contempladas en el apartado 3; 
  1. el tratamiento es necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud, o para garantizar elevados niveles de calidad y de seguridad de la asistencia sanitaria y de los medicamentos o productos sanitarios, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que establezca medidas adecuadas y específicas para proteger los derechos y libertades del interesado, en particular el secreto. 
  1. el tratamiento es necesario con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del ” 

Por consiguiente, a partir del 25 de mayo de 2018 el dato de la imagen de una persona, como dato biométrico, pasa a constituir un dato especialmente protegido cuyo tratamiento solo será posibl

e en los casos que permite el artículo 9 del Reglamento arriba transcrito.

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