El secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, ha animado a todos los ciudadanos a ejercer el «derecho a que no se nos moleste» si no lo deseamos, pidiendo la rectificación o la cancelación de los datos de carácter personal, almacenados en ficheros, de forma sencilla y gratuita.
El nuevo reglamento que desarrolla la Ley de Protección de Datos obliga a las empresas a proteger todos los archivos aunque no estén automatizados, como los ficheros de papel, pero también se refiere a instituciones o particulares que manejan estas informaciones personales.
Además las personas que expresamente manifiestan que no quieren recibir ningún tipo de publicidad tendrán que ser incluidos en un fichero que deberá ser consultado por quienes pretendan recabar sus datos para no incorporarlos a sus listados de publicidad.
Durante la presentación de unas jornadas para dar a conocer el nuevo reglamento, el responsable de Justicia ha mostrado su convencimiento de que esta regulación «no sólo influye en la organización de la actividad empresarial, sino también en la vida de cada uno de nosotros».
En este sentido ha opinado que no va a generar «un conflicto entre el interés empresarial y los derechos de los ciudadanos».
El director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Artemi Rallo, ha recordado que más del 70 por ciento de los ciudadanos mostraron su preocupación, según el último barómetro del CIS, por la protección de sus datos y el uso de informaciones personales por otras personas.
En la misma encuesta el 75 por ciento dijo sentir poca o ninguna seguridad cuando facilitaron su número de tarjeta por internet y un porcentaje algo inferior (el 70%) reconoció haber recibido llamadas de teléfono en mensajes SMS sin haber facilitado sus datos.
La Agencia es la autoridad de control encargada de velar el cumplimiento de la normativa y cualquier ciudadano puede dirigirse a ella para ejercer sus derechos a través del correo «ciudadano@agpd.es» o el teléfono 901 100 099.
La ley prevé sanciones para los infractores de entre 601 euros y 601.012 euros, atendiendo a la naturaleza de los derechos personales afectados.
Fuente: www.hoytecnologia.com
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