La Agencia de Protección de Datos sancionó en 2010 a 14 empresas en Sevilla y apercibió a tres administraciones públicas en la provincia por infringir la Ley de Protección de Datos al permitir que datos privados fueran difundidos sin consentimiento, ya fuera a través de internet o de cartas enviadas por error, entre otros medios.
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