La futura Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, que entrará en vigor en los próximos días, no requerirá el consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos en las informaciones sobre los movimientos sospechosos de capitales a la Comisión de Prevención del Blanqueo o las comunicaciones entre entidades financieras del mismo grupo, lo que genera inseguridad jurídica a los obligados a informar.
Existe ahora un vacío legal al ignorar cada ley lo regulado por la otra, por lo que ambas chocan. «Así, se acabará con la inseguridad jurídica con la que han tenido que actuar las entidades obligadas a informar», comentaba ayer Juan Manuel Vega, subdirector general de Inspección y Control de Movimientos de Capitales de la Dirección General del Tesoro.
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