Según los expertos consultados, los sectores más afectados por esta particular extorsión son la banca, los seguros y la construcción.
Derecho fundamental a instrumento de chantaje. Éste es el preocupante recorrido que ha emprendido la protección de datos en España, según denuncian los abogados de empresa. Los trabajadores, escoltados por sus representantes legales (abogados y sindicatos), están instrumentalizando la Ley Orgánica de Protección de Datos para conseguir sus objetivos en las negociaciones empresariales. Una denuncia unánime que La Gaceta ha constatado tras hablar con numerosos expertos en protección de datos y Derecho Laboral.
“A un cliente del sector de la educación un sindicato le denunció en la Agencia de Protección de Datos porque no consiguió declarar improcedente el despido de una trabajadora. Antes amenazaban con ponerte una denuncia en la inspección de Trabajo o de Hacienda, ahora la moda es acudir a la Agencia”, afirma quejoso Antonio Perea, socio director de Perea & Asociados. “Me parece vergonzoso que se use esta práctica torticera”.
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