En el año 2001, la Delegación Tributaria de Barcelona reclamó a una empresa 730.000 euros en concepto de impuestos y por una sanción. La empresa, que discrepaba, recurrió el caso e hizo un movimiento que resultó ser su salvación: le comunicó a Hacienda su cambio de domicilio, quedándose también con el anterior pero en alquiler.
En el año 2005, el Tribunal Económico de Cataluña intentó contactar con la empresa para notificarle la sentencia, pero lo intentó en su anterior domicilio. Según el Tribunal, en ese domicilio le indicaron que la empresa no estaba allí y que se desconocía el lugar en el que se encontraba. Al no poder localizar allí a la empresa (y sin intentar más notificaciones), el Tribunal publicó la sentencia en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona.
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