La Unión Europea y Estados Unidos «avanzan con espíritu constructivo» hacia un acuerdo de intercambio de datos confidenciales (uso de tarjetas de crédito, viajes, empleo de Internet…) sobre ciudadanos de ambos lados del Atlántico para luchar contra el terrorismo y la delincuencia organizada. Ambas partes han pactado que sólo funcionarios autorizados accederán a ese tipo de información personal, que sólo podrá procesarse si hay garantías de privacidad. Pero discrepan sobre el acceso a los tribunales en caso de uso ilegítimo o dañino de tales datos, ya que Estados Unidos niega esa defensa a los extranjeros.
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