Los objetivos pueden enfocarse hacia los edificios e identificar rostros y placas.
El debate sobre la videovigilancia no sólo afecta a qué imágenes pueden grabar los poderes públicos en las calles, sino también a cómo se conservan las filmaciones y al derecho del ciudadano a saber que está siendo vigilado. Las seis cámaras con forma de ojo de pez que el Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga, 60.000 habitantes) instaló en abril de 2006 para controlar el tráfico en el centro de la localidad vulneran la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. El pasado 13 de agosto la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) -un ente público independiente- emitió un informe en el que señala dos infracciones graves y una leve en el sistema de videovigilancia del municipio, gobernado por el Partido Popular.
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