La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha trasladado al Gobierno la necesidad de aplicar un régimen especial de protección a los datos personales relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo, ‘por su condición de datos ‘sensibles’ o ‘especialmente protegidos’. Para ello ha exigido un ‘acceso limitado’ y ‘cautelas extremas’ a cualquier autoridad y, concretamente, a los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, en el uso de información personal de las mujeres que han recurrido al aborto.