Hay que remontarse casi dos años atrás.En abril de 2007,el director de la Agencia Española de Protección de Datos ordenó la apertura de una investigación por el empadronamiento de oficio que estaba realizando el concello lucense de Outeiro de Rei con presos de la cárcel de Bonxe y personas que vivían en un geriátrico de la localidad, el Centro Carlos IV. Ni se avisó a ninguno de su incorporación al censo del municipio, ni la medida pasó por el obligado trámite de audiencia pública.
Ahora la entidad que se encarga de velar por la intimidad y la seguridad de la información personal en España acaba de imponer al ayuntamiento dos sanciones graves por no dar cuenta a las personas afectadas de su inclusión como residentes y por no tener un fichero para proteger los datos.
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