A finales del 2007, Alcampo instaló tres cámaras ocultas en espacios reservados al personal del hipermercado en Ferrol a fin de espiar a sus empleados y, semanas después, utilizó el contenido de las cintas como argumento para despedir a un trabajador y sancionar a otros once, vulnerando la Ley Orgánica de Protección de Datos. De resultas de una denuncia interpuesta en junio del 2008 por CC OO, la Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado un procedimiento sancionador contra la empresa por las cámaras de vigilancia «sin informar a los trabajadores ni a sus representantes legales». El expediente podría derivar en una multa de hasta 60.101,21 euros contra Alcampo, SL por atacar la intimidad personal de los ciudadanos según el artículo 5 de la Ley 15/1999.
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