La Agencia Española de Protección de Datos ha empezado actuar de manera decidida contra las organizaciones que siguen sin contar con un delegado de protección de datos (DPD), a pesar de estar obligadas por ley desde hace más de dos años.
La primera empresa en ser sancionada por este motivo ha sido la plataforma de envíos a domicilio Glovo, que tendrá que pagar una multa de 25.000 euros.
El expediente sancionador contra la app se inició con una denuncia que presentaron dos particulares en mayo y en noviembre de 2019. La Agencia constató que la firma no había designado a un delegado de protección de datos, aunque sí había creado un comité que ejercía sus funciones desde junio de 2018.
Durante la investigación, la plataforma intentó defenderse precisamente bajo el argumento de que los derechos de sus clientes «siempre han estado plenamente protegidos», pero el organismo de control finalmente ha optado por imponerle una sanción al entender que la propia dinámica de la actividad implica un tratamiento de datos personales «a gran escala».
La Agencia Española de Protección de Datos también ha puesto el punto de mira en las administraciones públicas. De hecho, el organismo ha emitido un apercibimiento contra el Ayuntamiento de Huércal Olvera, en Almería, por no haber designado a un delegado que velara por los datos de los vecinos de la localidad.
En este caso no hay ninguna duda de que se estaba cometiendo una infracción, ya que todo organismo público por definición maneja datos sensibles y está obligado por ley a contar con una persona encargada de custodiarlos. Aun así, «el consistorio no será sancionado debido a que las administraciones no pueden multarse a sí mismas».
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