La Agencia Española tiene registrados casi 800 ficheros privados, un 60% más que en 2003
¿Qué destino se da a sus datos personales? ¿Cree que su intimidad está lo suficiente salvaguardada? Son dos cuestiones que más de una vez nos hemos hecho cuando rellenamos cualquier formulario, realizamos compras utilizando nuestra tarjeta de crédito o, simplemente, entregamos una receta médica. Son muchas las acciones en las que nos vemos obligados a reflejar nuestra información particular y, en ocasiones, se pueden dar sorpresas. Hay casos puntuales en los que un particular, por ejemplo, es incorporado al registro de morosos por error. Pero es mucho más genérico el hecho de encontrar en el buzón publicidad personalizada sobre productos que nunca nos han interesado.
La Ley Orgánica de Protección de Datos de diciembre de 1999 -aunque ya desde 1992 se viene controlando el tratamiento automatizado de todo ese volumen de información-, obliga a instituciones, empresas y particulares que manejan ficheros de datos a inscribir todos ellos en la Agencia Española de Protección de Datos. El pasado mes de enero se publicó el Real Decreto que regula el reglamento para desarrollar esa Ley Orgánica.
Usos no autorizados
El objetivo que se persigue no es otro que el de evitar la venta de listados y la utilización de los mismos para usos que no hayan sido autorizados de forma expresa por el titular. En este sentido son las instituciones públicas las primeras que han de regularizar esa situación. Y en Miranda son ya 34 las que lo hacen, lo que supone casi triplicar la situación que se daba hace menos de cuatro años. Esta progresión es positiva, dado que, en términos generales es la que se constata en otras poblaciones de la región.
Pero más llamativa resulta aún la inercia que se experimenta en lo referente a la inscripción de ficheros de titularidad privada. La información cada vez es mayor y la concienciación también. En este punto, son 792 los registros legalizados por otras tantas empresas o autónomos obligados por ley a dar este paso en la AEPD. El incremento se situaría en torno al 60% respecto al mismo periodo -a octubre de 2003 la cifra se situaba en 494-.
Por tanto, y al igual que ha hecho el Ayuntamiento de la ciudad, el hospital comarcal Santiago Apóstol o el centro administrativo de la Junta de Castilla y León; comercios que operan en sectores muy variados (ópticas, colchonerías, farmacias, etcétera), empresas, asesorías y almacenes han tramitado los archivos de todos sus clientes sirviéndose para ello del soporte informático.
De acuerdo con estos guarismos, que ayer mismo reflejaba la web oficial de la Agencia Española de Protección de Datos, en torno al 40% de los colectivos empresariales que operan en la ciudad y son susceptibles de cumplir con la Agencia.
Porque según los últimos datos oficiales, en la ciudad operarían alrededor de 2000 entidades de carácter comercial y empresarial y, por tanto, obligadas a acogerse a lo fijado por ley. De ellas, más de 250 serían industrias, un centenar largo, comercio al por mayor, alrededor de quinientas guardarían relación con el sector de la Construcción y unos 260 se englobarían dentro del sector Servicios.
Con todo, la proporción de ficheros de titularidad privada inscritos desde Miranda es mucho mejor que la que se da en otras ciudades con un volumen similar de población. En lo que se refiere a los datos personales de los ribereños de Aranda, por ejemplo, se han formalizado 592 ficheros de titularidad privada y alrededor de 24 pública.
En lo que se refiere a las capitales de provincia sólo Soria y Segovia tendrían un volumen de ficheros similar al de Miranda -la primera cuenta con 891 inscripciones y la segunda se sitúa en 923-. Entre el resto de las ciudades significativas de la región destaca Valladolid (6.707) seguida de Burgos (5.489), León (3.826), Salamanca (2.552), Palencia (1.744) y Ávila, con un registro de 1069 archivos privados.
Fuente: www.elcorreodigital.com
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