Más de 40 empresas británicas han sido acusadas de haber comprado supuestamente datos personales de trabajadores para estudiarlos antes de proceder a la contratación, por lo que afrontan acciones legales después de que una investigación acometida por la Oficina del Comisionado de Información (ICO, en sus siglas en inglés) descubriese una supuesta ruptura masiva de la Ley de Protección de Datos.
El comisionado, Richard Thomas, publicó la lista de las implicadas en un proceso promovido a raíz de las sospechas surgidas sobre posibles listas negras en compañías que habrían adquirido durante años de forma encubierta información de las actividades desarrolladas por los comités sindicales, sus integrantes y su conducta laboral.
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