La ley de ‘whistleblowers (Denunciantes)’ va a suponer un cambio radical en nuestro Derecho al intentar acabar con la corrupción.
Hace unas semanas se hizo público el anteproyecto de ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción y traerá consigo importantes obligaciones para las empresas y para el sector público.
Lo que se pretende es otorgar protección adecuada frente a las represalias que puedan sufrir las personas que informen, a través de los procedimientos previstos en la ley de ‘whistleblowers».
La ley prohíbe todo tipo de represalias. De hecho, se prohíben y declaran nulas las conductas que puedan calificarse de represalias (intimidaciones, acoso, resolución de contratos, trato desfavorable, daños reputacionales, etc.)
Asimismo, para facilitar la denuncia y persecución de infracciones, quedarán sin efecto las cláusulas de confidencialidad que impidan denunciar y se exime de responsabilidad a los informantes.
Los canales de denuncias internos de información son el cauce preferente para la denuncia de infracciones y deben establecerlos todas las empresas que cuenten con más de 50 trabajadores y todas las entidades del sector público.
En cualquier caso, la gestión de los canales podrá ser externalizada y atribuida a terceros independientes expertos en la materia que garanticen el anonimato y confidencialidad del denunciante.
Fuente: cincodias.elpais.com
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